lunes, octubre 22, 2012

Tras el aborto, Mujica va por una nueva osadía: legalizar la marihuana

Protejer la Niñez es responsabilidad de todos..
Tras el aborto, Mujica va por una nueva osadía: legalizar la marihuana




URUGUAY.-(AGENCIALAVOZ)Pionero en América Latina con su ley de divorcio de 1913, primer país sudamericano en practicar el voto femenino en 1927, país que sentó un precedente en la región con el aval a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales en 2009 y, desde ahora, con una ley de aborto libre, Uruguay ha brillado históricamente por la impronta liberal de su legislación. De aquí a diciembre, tiempo durante el cual se tramitará a nivel legislativo, será el tiempo del revolucionario proyecto por el que el Estado pretende asumir en exclusividad la producción y la comercialización de marihuana, una iniciativa de alto riesgo para el presidente José Mujica.

El plan, que supera en mucho los estándares internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico, cuenta con varios puntos ciegos y deja al descubierto contradicciones entre los propios promotores, sostienen observadores críticos.

En el texto del proyecto de ley presentado en agosto se hace hincapié en que, bajo la premisa de «reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales», el Poder Ejecutivo propone un «marco normativo que permita regular el mercado del cannabis». Pero la iniciativa, fundamentada con detalle en el «fracaso estrepitoso» de las políticas prohibicionistas en el mundo a lo largo de doce páginas, se resume a un solo artículo que no ahonda en los mecanismos que se aplicarían.

De acuerdo con las informaciones brindadas a cuentagotas por el Gobierno del Frente Amplio, se apunta a que los alrededor de 150.000 fumadores nacionales sean incorporados a una base de datos y que cada uno de ellos reciba un máximo de 30 gramos de esta droga por mes, lo que equivaldría a una elaboración total de más de cinco toneladas en el período.

«No queda claro cómo hará el Gobierno para hacerse con los insumos para producir cigarrillos de marihuana, si los adquirirá en el exterior, si los producirá en el país, bajo qué forma jurídica, si autorizará la producción local a empresas privadas, cómo funcionará el registro de consumidores, etcétera», explicó por teléfono a Ámbito Financiero el doctor en Sociología de la Universidad de la República Rafael Rey.

Así, mientras «Pepe» Mujica y varios de sus ministros descartan la posibilidad de avalar el autocultivo, Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas y uno de los impulsores de la iniciativa, lo sostiene como una opción.

«Hay que establecer un registro de consumidores y productores. Eso es imprescindible para que el sistema funcione», explicó Calzada a este diario. «Siempre con esa idea, se podría establecer una cooperativa de producción, una modalidad que se aplica en España, precisamente en el País Vasco, donde cada planta tiene el DNI de su dueño», continuó.

«Nosotros tenemos un objetivo claro que es reducir la criminalidad y aumentar la seguridad ciudadana. El proyecto se enmarca en la intención de eliminar las actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo en el país», sostuvo Calzada. Para la creación del esquema, los funcionarios se basaron en la experiencia de Holanda, pionero en la despenalización de la venta y el consumo cannabis en la década del 70. Sin embargo, allí no está regulada su producción, por lo que las fuentes de abastecimiento están en el mercado ilegal.

Según Calzada la apuesta en Uruguay es más alta ya que se busca evitar el «efecto góndola», es decir, «lograr separar los mercados de estupefacientes».

Aunque el país cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas del continente, la delincuencia y violencia han ido en aumento desde que los traficantes comenzaron a utilizar a Uruguay como puerto para enviar su mercadería a Europa, algo que preocupa cada vez más a la población. «Se trata de una prueba piloto y sería apresurado sacar conclusiones sobre si funcionará o no. Lo cierto es que nada puede garantizar que el control estatal vaya a reducir la violencia», manifestó el politólogo Rubén Vargas.

La medida, aunque osada, podría resultar, con todo, insuficiente si se plantea el objetivo del control de la criminalidad y del poder corruptor de las mafias del narcotráfico. Por un lado, la marihuana no es, precisamente, la droga que más impacta en los índices delictivos; por el otro, mantener en la ilegalidad al resto de las sustancias dejará intactos los canales de comercialización de las bandas. Así las cosas, la violencia asociada al fenómeno seguiría su camino. Pero si esta iniciativa plantea tantas dudas, ¿cabe esperar del Gobierno oriental una propuesta de legalización total?

La idea está planteada como una alternativa a la infructuosa guerra contra el narcotráfico, aplicada con rigor en países como México y Colombia, y que en los últimos años ha dejado un tendal de muertos, millones de desplazados, tráfico de armas y corrupción en altas esferas del poder.

«En principio, la guerra contra la erradicación no es viable. Tiene costos financieros muy altos, requiere importantes esfuerzos del Estado y se producen inmensos daños colaterales», explicó a Ámbito Financiero desde Río de Janeiro, José Marcelo Zacchi, especialista brasileño en temas de seguridad y drogas, defendiendo el plan oriental. «Como en su momento sucedió con el alcohol y el cigarrillo, existe una demanda que no se puede negar. Legalizar la marihuana no quiere decir que sea reconocida como inocua, sino que crearía un mercado legal que le abriría las puertas al control: quiénes podrían acceder, venderla, dónde se comercializaría», subrayó el exconsultor de seguridad ciudadana para el Banco Mundial y prevención del crimen y la violencia en América Latina, quien además participa del programa de pacificación de favelas en Río.

A pesar de haber recibido el apoyo de personalidades como el escritor peruano Mario Vargas Llosa; el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y su par de Colombia, César Gaviria, entre otros, predominantemente en el campo liberal, la jugada de Mujica es recibida con recelo por la sociedad uruguaya.

De acuerdo con un sondeo conocido a mediados de septiembre y realizado por Cifra, Mujica cuenta con una aprobación del 36%, el nivel más bajo desde que asumió en marzo de 2010. «A mi criterio, el costo que paga Mujica no es sólo por la idea en sí, sino también por la improvisación que hay en torno de ello», sostuvo Vargas.

Para Rey, «la lectura de lo que ocurre con la sociedad uruguaya es muy sintomática, se asemeja mucho a lo que décadas atrás planteaba el pensador local Carlos Real de Azúa en su memorable ensayo El impulso y su freno. La sociedad uruguaya es muy liberal y abierta, en general opuesta a cualquier prohibición, pero a la vez temerosa de ir demasiado lejos en su planteos y acciones. La reflexión del uruguayo medio sería algo así como: está muy bien liberalizar el consumo y la comercialización de la marihuana, ¿pero no estaremos yendo demasiado rápido?», remató.

No hay comentarios:

Publicar un comentario